Malas noticias las que siguen llegándonos desde Uganda. En los últimos días se han producido dos detenciones de activistas LGTB, mientras crece la presión para que la ley que castigará más duramente tanto a las personas homosexuales como a las que les den apoyo y cobertura sea aprobada de inmediato.Primero fue Joseph Kawessi, arrestado el 31 de diciembre en Kampala acusado de cargos como “conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza” y “reclutamiento de jóvenes para la homosexualidad”. Kawessi es uno de los fundadores de Youth on Rock Foundation, una asociación en apoyo de los jóvenes LGTB, y su detención fue confirmada por Frank Mugisha, miembro de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), cuya sede fue precisamente asaltada hace unos días. Según Melanie Nathan, activista sudafricana radicada en Estados Unidos que ha estado en contacto con la defensa de Kawessi, la policía se está adelantando a la aprobación del proyecto de ley que trata de endurecer el tratamiento penal de la homosexualidad en Uganda. Si bien la figura de “conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza” aparece en el código penal en vigor, no ocurre lo mismo con la de “reclutamiento de jóvenes para la homosexualidad”, que sería una de las novedades de la futura ley.
Pero la escalada represora no se ha detenido ahí. Hace unas horas se ha producido también la detención de Najibu Kabuye, otro joven activista LGTB, precisamente en la misma comisaría a la que había acudido para visitar a su compañero Joseph Kawessi. La policía ha presentado exactamente los mismos cargos contra él. Melanie Nathan no duda que las detenciones estén relacionadas con el asalto a la sede de SMUG antes mencionado, pues dicha organización está estrechamente vinculada con Youth on Rock Foundation, la asociación fundada por Kawessi, y en el asalto fueron robados ordenadores que contenían datos sensibles de los miembros de la organización. Nathan tampoco duda de que las detenciones se han producido con el ánimo de acelerar la aprobación del proyecto de ley homófobo, aunque confía en que un tribunal competente desestime los cargos, uno por la dificultad probatoria y el otro por mera inexistencia del delito.